Columa de opinión por Cristián Pérez

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Buenos Aires, calle Malabia 3351 (hoy República Árabe de Siria), lunes 30 de septiembre de 1974, 00:45 horas, hace exactamente 52 años. Un hombre baja del Fiat 125 gris, abre la puerta de la cochera, cuando retorna al vehículo, se oye una gran explosión. El General Carlos Prats (foto), excomandante en jefe del Ejército de Chile y ex ministro del Interior del presidente Allende y, Sofía Cuthbert, su esposa, han sido asesinados.

Prats se había mantenido leal a la Constitución que obligaba a las FF.AA. a obedecer al gobierno elegido por el pueblo, transformándose en el mayor opositor a un golpe que terminara con la democracia de su país. En agosto de 1973, con el objetivo de remover al comandante en jefe del Ejército, las esposas de los generales golpistas con el consentimiento de sus maridos le hacen una gran ofensa. Este hecho fue conocido como “La carta de las señoras”. Prats, como un soldado de honor, renuncia a su cargo. En su lugar asume Augusto Pinochet. Ya no había obstáculos para el golpe.

El 15 de septiembre de 1973, el excomandante en jefe partió al exilio a Buenos Aires dejando una carta a Pinochet. “El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que Uds. hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe”. En Argentina, que después de años de administraciones gorilas, disfrutaba la democracia, Prats pensaba estaría a salvo con el apoyo del gobierno peronista. Desgraciadamente no fue así porque siendo el más importante militar desterrado, Pinochet creía que constituiría un gobierno en el exilio.

Como el dictador le temía, ordenó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), asesinarlo. Para ello, Manuel Contreras, director de ese organismo, y sus subalternos pergeñaron un plan que consistía en retener al general en Argentina negándole el pasaporte; realizar inteligencia para averiguar su rutina y elegir el mejor lugar para un atentado; y enviar a Michel Townley y Mariana Callejas para asesinarlo. Para materializar el plan, la DINA instala como gerente del Banco del Estado en Buenos Aires a su agente Enrique Arancibia Clavel. Al chileno le colaboran miembros de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), como Juan Martín Ciga; el comisario Juan Carlos Gattei, quien ejerce como jefe de la División Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal, encargado de proteger al general. Estos y otros agentes del SIDE se coordinan con el espía chileno para asesinar a Prats. Es el comienzo del Plan Cóndor que se oficializaría en Chile en noviembre de 1975.

Arancibia y los agentes argentinos hicieron inteligencia sobre el general: a escasos metros del edificio donde residía colocaron un puesto de venta de flores; realizaron seguimientos para determinar sus rutas; un hombre toco el timbre del departamento para conocer la reacción del oficial, entre otras acciones. Townley confecciona una bomba a base del explosivo plástico C-4, y un dispositivo a control remoto para activarla. En la madrugada del viernes 27 se infiltra en la cochera, para colocarla bajo el Fiat 125 del ex uniformado.

El domingo 29, Prats y su esposa cenan en casa de unos amigos. Es un día muy tenso en la ciudad por el sepelio de Silvio Frondizi, gran intelectual de izquierda, que el viernes 27 había sido asesinado por la Triple A. A las 00.45 del lunes 30 de septiembre de 1974, el matrimonio Prats retorna al edificio de Malabia 3351. La calle está a oscuras por la acción de agentes argentinos que han cortado el alumbrado público, y liberado el área de patrullas policiales. El general baja del Fiat para abrir la cochera, sin sospechar que, en un automóvil estacionado, una pareja espera. Cuando el chofer retorna al coche para conducirlo al interior, Townley activa el detonador. El auto explota.

La dictadura terrorista chilena y sus compinches argentinos acabaron con Carlos Prats, pero la historia le dio la razón al general porque elbienestar y la justicia social jamás llegaron a su pueblo. No había sido el exministro del Interior de Allende quien se había equivocado al oponerse al golpe sino Pinochet al encabezarlo.

Muchos años después, los tribunales de justicia de Argentina y Chile condenaron como autores del crimen a Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Enrique Arancibia Clavel, Michel Townley y Mariana Callejas. Los argentinos que colaboraron, por diversos motivos, no fueron sentenciados.

Augusto Pinochet, máximo responsable del asesinato, nunca fue juzgado.